Miguel-Héctor Fernández-Carrión. Editado con la colaboración de la Academia Iberoamericana de las Ciencias y la Universidad Complutense de Madrid, España. México, 2022. ISBN 978-84-87372-44-5
La pena de muerte no es consecuencia de un acto de "estricto cumplimiento de la ley", ni menos aún una acción involuntaria ni casual de unos seres humanos que ejerce temporalmente funciones de autoridad legal frente al resto de la mayoría de la población a la que considera históricamente las monarquías absolutas (durante los siglos pasados hasta la revolución francesa -1789-1799-): súbditos; la iglesia católica y protestante (que forman parte del poder político establecido, en un gran número de países de cultura occidental, en general hasta el siglo XIX): feligreses, y las formas de gobierno republicano, monárquico o la organización del llamado estado "democrático" (desde e siglo XIX en adelante): ciudadanos; sino que es consecuencia de una acción premeditada e intencionada, durante el ejercicio de "autoridad", que aplica socialmente (de acuerdo a la sociología) a través de un medio de poder autoritario y vengativo contra la mayoría de la población
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